Para: http://calicolumna.blogspot.com/
Es bien conocida la crisis que hoy en día viven Colombia, Ecuador y Venezuela en sus relaciones diplomáticas e interestatales, también se ha hablado mucho sobre los intereses políticos que tiene cada gobierno en lo referente a la geopolítica y a los asuntos domésticos, y además los medios de comunicación han contado de una manera detalla las herramientas, algunas maquiavélicas, otras simplemente de bajeza moral, que han usado los tres gobiernos en cuestión para manejar esta crisis; pero en muy pocos casos se ha hablado de una posibilidad real de guerra. Desde el uso de la teoría política deseo dejarle al lector la verdadera profundidad teórica y práctica que rodea esta crisis.
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El ius ad bellum (en español: el derecho a la guerra o el derecho a ir a la guerra) contiene las razones por las que un Estado puede ir a la guerra contra otro Estado. Mucho antes de la edad media los teóricos comenzaron a escribir acerca de las guerras justas y el derecho a ir a la guerra, generalmente el ius ad bellum y las guerras justas se acompañaban de un alto contenido de subjetividad, pero desde la fundación de las Naciones Unidas y el establecimiento del liberalismo contemporáneo en el siglo XX se pudo hacer alusión a causas fundadas en un orden jurídico internacional que abrió el espacio a un derecho de legítima defensa y a un ius ad bellum establecido y legitimado por el nuevo orden internacional.
Para orientar rápida y brevemente al autor en estas cuestiones jurídicas se deben tomar los ejemplos de la realidad práctica. La carta de Naciones Unidas en su artículo número dos explica las causas justas para una guerra, en otras palabras establece el ius ad bellum dentro del nuevo orden internacional. Según la carta:
Artículo 2:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”[1]
Por lo tanto la integridad territorial y la independencia política serán dos factores que deberán ser respetados, de lo contrario la legítima defensa se podrá hacer efectiva. El artículo número cincuenta y uno de la carta hace referencia al libre ejercicio de la legítima defensa:
Artículo 51:
“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional.”[2]
Entonces el ius ad bellum será el derecho a ir a la guerra cuando se violen uno de los principios de la carta, de los cuales sobra decir que son absolutamente liberales. Otra causa que se concibe como un motivo de guerra justa o de legítima defensa es la violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, en otras palabras la violación del derecho a la libertad general de la nación para determinar su futuro político y social.
Entonces para precisar en el asunto, las justificaciones generales para una guerra justa y un uso adecuando del ius ad bellum son: La violación de la soberanía, la injerencia en los asuntos domésticos por parte de un Estado en otro Estado, la obstrucción de la independencia política y la negación del principio de autodeterminación.
En el caso de la crisis actual entre Colombia, Ecuador y Venezuela, se han dado constantes violaciones a la carta de Naciones Unidas y al orden internacional, estos hechos han dado más que simples pretextos para movilizaciones militares y para engendrar una tensión diplomática que desde Colombia hasta Argentina se ha sentido como un coletazo de las acciones desmedidas y absurdas de los diferentes gobiernos.
Colombia en la operación Fénix en la cual fue abatido el comandante guerrillero Raúl Reyes, violó el derecho internacional y dotó a Ecuador y a su jefe de Estado de los argumentos necesarios para una guerra justa y para apelar al ius ad bellum y de esta forma establecer una legítima defensa en contra de la violación de la soberanía cometida por las fuerzas armadas colombianas. Esto no se dijo en los periódicos ni siquiera en los noticieros, la mayoría de colombianos ignoran lo cerca que estuvimos de entrar en guerra.
Las justificaciones del gobierno colombiano para realizar esta operación se acercaron a esta frase tan equivocadamente atribuida a Nicolás Maquiavelo: “El fin justifica los medios”. Según la concepción del gobierno violar el derecho internacional y la soberanía de otro Estado era justificable, puesto que era un enemigo del Estado el que se encontraba en territorio ajeno, y como las bases de la política de seguridad democrática son cambiadas según la situación de tiempo, lugar y acontecimiento por poco nos convertimos en un objetivo de guerra justa, o mejor dicho, de una cruzada ecuatoriana y venezolana.
Pero hasta este punto sólo se ha analizado un lado de los tres presentes en este triangulo de actores, por justicia se debe hablar del ius ad bellum colombiano y venezolano. En el caso colombiano, la justificación de un ius ad bellum se puede hacer desde la violación de los tres derechos fundamentales que tanto Venezuela y Ecuador han violado en varias ocasiones. Las violaciones se han hecho a los derechos de: la independencia política, la autodeterminación nacional y el monopolio en los asunto domésticos por parte del Estado colombiano, esta última violación es la de mayor gravedad, puesto que la injerencia externa conlleva al quebrantamiento del orden jurídico y político lo que puede llevar en últimas a un fortalecimiento del enemigo más acérrimo de este gobierno y de la nación que son las FARC.
Desde este punto se puede justificar el proceder del gobierno colombiano posterior a la operación Fénix, pero su actuación anterior es irrefutablemente belicosa, irrespetuosa e irresponsable. Las supuestas conexiones del gobierno ecuatoriano con las FARC sólo se conocieron una vez se consiguieron los documentos de Raúl Reyes en su campamento en Ecuador, por lo tanto justificar la violación de la soberanía como un acto de defensa el cual legitime la operación fénix es simple y llanamente imposible.
Por otro lado el gobierno de Hugo Chávez es el menos provisto de un ius ad bellum según la normativa establecida anteriormente, el gobierno colombiano ha hecho acusaciones en contra de su régimen, pero no ha realizado una acción militar o política que le proporcione razones de peso para hacer un llamado del ius ad bellum. Pero siguiendo la teoría política se puede hablar de una legítima defensa por parte de Venezuela frente a Colombia alegando la posibilidad de una intensión hostil del gobierno de Estado Unidos, el cual poco a poco ha obtenido mayor acogida dentro de Colombia y que dentro de muy poco contará con una mayor presencia en la región.
La justificación perfecta para el gobierno venezolano es el sentimiento de hostilidad y la supuesta intensión hostil de los Estado Unidos hacia su régimen, esto es muy parecido a las justificaciones usadas por Estados Unidos para ir a Irak y Afganistán. En ese entonces el gobierno de turno del presidente Bush usó la escusa de la legítima defensa sustentada en la posible agresión de Irak con armas de destrucción masiva y la posibilidad de agresión por parte de un régimen como el Talibán que supuestamente apoyaba a Al-Qaeda, quienes fueron los responsables de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Esto puede servir como una justificación para las acciones de Colombia y Venezuela, en el caso venezolano las bases son un problema por la posible agresión estadounidense y en el caso colombiano también puede haber legítima defensa dado el supuesto apoyo de Chávez y Correa a las FARC.
Lo que se quiere demostrar es que este triangulo de países tiene justificaciones perfectas para el uso del ius ad bellum. Lo que es sorprendente es que ningún Estado haya hecho uso de este derecho y que hasta el son de hoy no se haya presentado un acontecimiento bélico entre los tres países.
A modo de comentario final, me gustaría que el lector se concientizara de lo cerca que Colombia se encuentra de una guerra desde el punto de vista normativo y teórico. La pregunta que queda para hacerse es: ¿Será que en la práctica Colombia, Ecuador y Venezuela están igual de cerca a una guerra que en la teoría?
